Consulte la documentación que ponemos a su disposición sobre la Ley 22/2003, de 9 de julio, que entró en vigor el 1 de septiembre de 2004 estableciendo el procedimentos para tratar las antiguas suspensiones de pagos a través de un concurso de acreedores.


Bufete Piroscia, Souto e Asociados SLP

Ley Concursal en España, ley 22/2003

La ley 22/2003 regula todo lo relacionado con lo que antiguamente se conocía como “suspensión de pagos” o quiebras de las empresas y personas. Esta ley entró en vigor el 1 de septiembre del 2004, excepto por los artículos 463, 472 y 482 de la ley de Enjuiciamiento Civil que entró en vigor el 11 de julio del 2003.

Esta ley elimina el sistema anterior en vigor arcaico, disperso y obsoleto, a veces desde el tiempo de Fernando VII. Como aspectos más interesantes están:

  1. Se establece un procedimiento único para resolver estas situaciones que es mediante un concurso de acreedores, llamado también procedimiento concursal, iniciado mediante una solicitud.

  2. Los juzgados competentes para resolver este tipo de asuntos son los juzgados mercantiles.

  3. El Ministerio de Justicia ha puesto en marcha 37 juzgados mercantiles en los que trabajarán jueces especializados en derecho de los negocios que se ocuparán de los procesos concursales y de asuntos mercantiles y asumirán competencias de los tribunales de lo Social o Administrativo.

Existen 2 tipos de concurso:

  1. Concurso voluntario: Se establece cuando la propia empresa o persona, o sea el deudor, presenta la solicitud ante la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones financieras. Esta solicitud debe ir propiamente justificada, igualmente se puede presentar una solicitud de concurso anticipada si existe una situación inminente de imposibilidad de pago.

  2. Concurso necesario: Se establece cuando los acreedores de la empresa son los que presentan la solicitud, en este caso no se aceptan solicitudes si la insolvencia es inminente, la situación de insolvencia debe ser actual y fundada en alguno de los hechos del artículo 2.4, es decir:

    • Cuando no se disponga de bienes suficientes para atender una ejecución de embargo.

    • Ante la existencia de embargos que afecten de manera general a su patrimonio.

    • Ante situaciones de impagos durante tres meses de las obligaciones tributarias o de las cuotas a la Seguridad Social.

El principal propósito del concurso de acreedores es satisfacer a los acreedores, garantizándoles el pago de las deudas, aunque tratando en lo posible de proteger la empresa, buscando su supervivencia.

 

El concurso de acreedores tiene 4 fases:

  1. Actos previos: En esta fase se solicita el concurso, se revisa la solicitud, estableciendo si es pertinente o no, se revisan los presupuestos para el procedimiento y concluye con el auto de declaración del concurso.

  2. Fase común: A partir del decreto del concurso, el juez que lleva el caso nombra los administradores concursales: un abogado, un auditor o economista y un representante de los acreedores todos nombrados por el juez (puede decirse supervisores del proceso). Ellos llevarán a cabo el procedimiento mediando entre las partes, es decir, entre los acreedores y el deudor. A partir de este momento, los gestores de las empresas serán los responsables de todas las decisiones que tomen respecto a la compañía. Se vuelve a instaurar el arresto domiciliario y la posibilidad de embargo de los bienes personales de los administradores actuales y de aquéllos que lo fueran en los dos años anteriores.


    A partir de la aprobación del concurso se señala un plazo de 1 mes para que se acrediten todas las deudas en el concurso, y a la vez se realiza una valoración de la situación real del patrimonio activo y pasivo de la empresa buscando una solución viable para el mantenimiento de la empresa. Esta fase concluye con la presentación de un informe elaborado por los administradores concursales sobre la situación de la empresa.

  3. Fase de resolución: En esta fase se señala la solución al concurso, que puede ser de dos maneras: mediante convenio de acreedores o mediante liquidación.El convenio de acreedores tiene como objetivo evitar la liquidación de la empresa, mediante éste se busca una solución viable para todos los involucrados. Puede ser de varias formas: anticipado, cuando la propia empresa presenta el convenio desde el momento en que se presenta a concurso, o normal cuando es presentado por la empresa en esta fase del procedimiento.


    El convenio presentado, ya sea una o varias propuestas, debe ser aprobado por los acreedores en una junta, y en última instancia es el juez quien decide sobre la viabilidad del convenio presentado. Una vez aprobado se abre una nueva fase de cumplimiento del convenio.Si no se aprueba un convenio ya sea porque no haya acuerdo entre los acreedores o porque no haya una propuesta viable, o acaso porque al deudor le interese liquidar sus propiedades, se pasa a la liquidación de la empresa.

  4. Determinación de la responsabilidad: Se pasa a esta fase sólo si existen algunos casos muy concretos previstos en la ley, las cuales son:

    • La aprobación de un convenio que, por la cuantía de la quita o la duración de la espera, resulte especialmente gravosa.

    • La apertura de la liquidación. En estos casos se determina la responsabilidad calificando el proceso de concurso fortuito, o concurso culpable. Éste último se reserva a los que en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor, o de sus representantes legales, administradores o liquidadores.

 

Conclusión del procedimiento concursal.

Las causas de conclusión del concurso están previstas con detalle por la ley y su naturaleza puede ser muy diversa:

Cuando se termina el proceso es obligatorio que los administradores concursales rindan cuenta de su gestión considerando los aspectos siguientes:

La aprobación dada a las acciones realizadas por los administradores concursales no significa que se juzguen las acciones como procedentes, pero la desaprobación sí implica que los administradores quedan invalidados como administradores en otros procesos concursales venideros.

 

Costes de un concurso de acreedores

Los costes del concurso están diferenciados en función de las fases en que transcurre el proceso, específicamente entre la fase común y el resto de las fases.

Los costes de la fase común se calculan globalmente independientemente de la duración de esta fase. Se consideran dentro del costo si se utilizó el método abreviado o si se aprobó un convenio anticipado.

El coste de las siguientes fase se calcula en función del primero y se factura mensualmente con un monto correspondiente a la décima parte del costo de la fase común, durante los primeros seis meses, reduciéndose a la mitad a partir del séptimo mes.

Así mismo se tienen en cuenta a la hora de incrementar los costes si los admistradores concursales tienen que solamente supervisar o sustituir a los administradores de la empresa en la dirección de la empresa. También se toma en cuenta el hecho de que la empresa concursada continúe o no su actividad profesional o empresarial.